Decimos que Jose Antonio Carabantes Carretero dejó de ser alcalde de Guaro, porque así lo ha ordenado una sentencia judicial firme, que anuló la sesión constitutiva celebrada el pasado 15 de junio de 2019, cuando tomo posesión de su cargo.
Los motivos para dicha anulación fueron los mismos que el Partido Popular alegó para solicitar en su momento la obligada suspensión del pleno.
Fue más fácil no atender las legítimas peticiones de transparencia del Partido Popular para Carabantes y acceder al cargo con las mismas mañas autoritarias y antidemocráticas que tumbaron el largo gobierno socialista.
Y así lo hizo, pasando a mandar él solo, sin siquiera compartir las decisiones con los concejales de su partido y, por supuesto sin tener en cuenta a los demás concejales de la oposición, privando al Pleno de sus competencias para depositar sus funciones en sus personales manos.
Con el PSOE alcanzó un pacto de silencio y de no agresión y el Partido Popular se quedó solo en la defensa de la legalidad, la transparencia y las demandas del buen gobierno.
Se olvidó de la auditoría prometida al pueblo y empezó a decidir a su antojo, como si el pueblo fuera suyo y sin presentar cuentas, ni aprobar presupuestos.
El Partido Popular, fiel a la defensa del bien común y el desarrollo del pueblo, siguió cumpliendo con sus obligaciones desde el inicio de la nueva legislatura y lo primero que hizo, antes de la toma de posesión de Jose Antonio Carabantes fue exigir que se hiciera el acta de arqueo de las cuentas municipales y que se presentara el inventario de bienes del municipio, como requisito previo que la ley exige para que el nuevo alcalde tome posesión.
Ni uno, ni otro fueron presentados por el alcalde saliente Noé Oña, incumpliendo el mandato legal, con la complacencia de Carabantes, deseoso de saborear lo antes posible las prebendas del éxito y del poder, cerrando los oídos a las advertencias de la ilegalidad de lo acordado, incluida su toma de posesión.
El 18/11/2019 llegó el fallo judicial que anulaba la sesión de constitución del ayuntamiento y Carabantes, en vez de enmendar lo mal hecho y empezar a hacer el inventario municipal, contrató abogados que prometían anular el fallo judicial, que nunca llegó.
Así, después de año y medio litigando pagando con recursos municipales, de que el Tribunal Supremo inadmitiera su nuevo recurso y de que el Partido Popular le advirtiera que se abstuviera de firmar nada porque ya no era alcalde, se apresura a gestionar una toma de posesión sin hacer sus deberes, lo que el Partido Popular no va a consentir, continuando en la línea comprometida con sus votantes, que no es otra que dejar de lado el caciquismo, la mediocridad y la desidia de los gobernantes que ejercen su cargo olvidando el compromiso de velar por sus vecinos y de conseguir el desarrollo económico de su pueblo.
Partido Popular- Guaro
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